LOS 444 ARTÍCULOS DE MONTECRISTI

Ciudad Alfaro no es propiamente el nombre de una ciudad, sino de un complejo de medianas proporciones construido para el funcionamiento de la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Se encuentra en la ladera de un monte a lo alto de Montecristi, Manabí, a un puñado de kilómetros de la base de Manta que Mahuad cedió a los norteamericanos hace diez años. La elección de Montecristi como sede de la asamblea no fue casual; en esta pequeña ciudad, a la que muchos turistas se acercan para comprar los originales sombreros Panamá, nació a mediados del siglo XIX Eloy Alfaro, dos veces presidente de Ecuador, héroe de la revolución liberal ecuatoriana, y emprendedor de la modernización del país contra las oligarquías más conservadoras. No en balde lo mataron y arrastraron su cuerpo por Quito hasta incinerar lo que quedaba de él en el parque del Ejido. En estos momentos, los restos de Alfaro reposan en un mausoleo construido junto a las instalaciones de la asamblea. La forma del mausoleo rememora el vuelo del cóndor.

El busto de un Eloy Alfaro de facciones serias que preside la sala de plenos de la Constituyente ha observado durante estos ocho meses, con ojos escrutadores, cómo se iba desarrollando un proceso que durante la noche del 24 de julio, fecha del nacimiento de Bolívar, ha llegado a su fin: la aprobación de una propuesta de Constitución, que votará dentro de algunas semanas el pueblo ecuatoriano. Como cualquier proceso constituyente plenamente democrático, ha sabido sortear sus no pocos momentos de dificultad. El resultado: un Preámbulo, 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Los asambleístas cercanos al presidente Correa, uno de los principales impulsores del proceso, levantaron banderas y gritaron '¡sí se puede!' al conocer los resultados de la votación final: duplicaron por tres los votos negativos de la oposición. Al menos, cabe reconocer que esta se mantuvo firme durante todo el proceso, a diferencia de la boliviana que, el pasado año, optó por abandonar el foro democrático e irse.

¿Qué es lo que se puede, de aprobarse esta Constitución? Se puede, entre otras cosas, contar con uno de los catálogos de derechos más extensos del mundo, con sus garantías minuciosamente detalladas para hacerlos efectivos, y convertir a la naturaleza en sujeto de derechos. Se puede avanzar en el Estado constitucional que el mismo texto define, con mecanismos de democracia participativa de las que ya quisiéramos poder disfrutar en otras latitudes, como la destitución del jefe de Estado por votación popular. Se puede observar la presencia de reivindicaciones tan necesarias en América Latina, como el derecho al agua, a la alimentación, o los propios de los pueblos indígenas, o la existencia de disposiciones de avanzada, como la prohibición de discriminación de las personas portadoras de VIH, los derechos de las mujeres embarazadas, los discapacitados, los adultos mayores... Se puede, en definitiva, resaltar que el buen vivir, traducción criolla de los términos quechuas sumak kawsay, es el objeto fundamental del poder público. La legitimidad del Estado no es sólo por su origen, sino por sus actos; una versión andina de aquella libertad civil superior rousseauniana que quedó tan desvirtuada en Europa después del fracaso de los principios con que se fundamentaban las revoluciones liberales.

El lector poco iniciado puede asombrarse sobre ciertas ligerezas en el lenguaje del proyecto de Constitución de Ecuador. Cabe advertirle, para facilitar una lectura sin tropiezos, que el proyecto es fiel continuador de la corriente iniciada en varias constituyentes latinoamericanas de la última década y media que incorporan, como la ecuatoriana, el lenguaje de género -la utilización del femenino junto al masculino en los sustantivos-, la reglamentación detallada de muchas de las funciones del Estado, la división poco ortodoxa de los títulos y capítulos, ciertas contradicciones propias del esfuerzo no siempre perfecto de sintetizar las avalanchas de propuestas -lo que no ocurre en las constituciones de las élites-, y la retórica constitucional que convierten a determinados artículos en un párrafo de manual de sociología más que en una norma jurídica. Son circunstancias que desaparecen al entrar en familiaridad con lo que se hizo en Colombia en 1991, en Venezuela en 1999 o en Bolivia el pasado año.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano se basa justamente en eso: en ser reflejo detallado y comprensible de las ansias del pueblo, y útil a sus necesidades, y erradica el misticismo léxico de los expertos y los intereses excluyentes de las élites. Una Constitución que no pueda ser apropiada por el pueblo no puede en estos tiempos, por esencia, ser una Constitución democrática. No nos sorprenda, por lo tanto, que durante una lectura detallada del texto, entre artículo y artículo, nos encontremos, junto con la prohibición de la propaganda política en vallas publicitarias, el incentivo de las ciclovías como forma alternativa de transporte terrestre o la garantía de un acceso perpendicular a las playas. Todo eso, claro, en 444 artículos, más de cien páginas cuya lectura puede hacernos una idea de hasta qué punto está en proceso un cambio de paradigma en el constitucionalismo. Con este proyecto de Constitución, Ecuador da un paso firme en el avance hacia la emancipación. Una vez más se ha demostrado cómo los procesos constituyentes en América Latina están sirviendo de mecanismos de emancipación y quiebres radicales con sistemas anteriores, que vivían de espaldas al pueblo.

La Constitución de Montecristi no es, desde luego, cualquier cuerpo jurídico de disposiciones aburridas. Léanla y decidan por ustedes mismos. Y se aceptan pareceres acerca de dos preguntas que flotan en el aire; la primera, sobre cuál será el siguiente país que, como Ecuador, esté convencido en dar un paso adelante con su proceso de reforma democrática. La segunda, respecto a qué pasará cuando los norteamericanos, cómodos con su presencia en Manta, lean en uno de los 444 artículos del proyecto de Constitución que se prohíbe en Ecuador la presencia de bases militares extranjeras.

Rubén Martínez.

Mensaje Entregado

Han transcurrido unos días desde las elecciones, y recién contamos con información parcial del Tribunal Supremo Electoral. Información que no hace sino, confirmar los resultados del único Exit poll que los medios difundieron, resultados que ya habían sido confirmados el mismo día de la elección por el conteo rápido de Participación Ciudadana. ¡No hay misterio!, el Exit poll ha sido siempre, una herramienta fidedigna de información.

Cuál era entonces el temor, o que oscuras intenciones existían en las mentes de algunos de nuestros paladines del periodismo, los que se negaron a emitir información alguna, cuando en las calles se vivía una verdadera fiesta de la democracia, cuando en las calles se respiraba la república. Mientras esto ocurría, ellos, los paladines de la libertad de expresión transmitían las aventuras del sorprendente hombre araña, la telaraña sin embargo se estaba rompiendo.

A esas alturas seguramente se estaban tragando sus amargas predicciones, esas que hablaban de caos durante el sufragio, de dispersión en la votación por la cual ninguna fuerza política sería capaz de alcanzar mayoría alguna, hablaban incluso de un país dividido. Mentirosos, pendencieros, bestias salvajes sin duda.

Los electores una vez más, volvieron a dar una lección de civismo, volvieron a dejar en claro que tipo de gobierno quieren y que tipo de gobierno no quieren, a quienes quieren como representantes y a quienes repudian.

Por su parte las viejas estructuras cacicales volvieron a caer de bruces, ojala se lleven tras de sí a ese grupo de periodistas mediocres, que no supieron estar a la altura de las circunstancias, que no asumieron el rol que les cabe como comunicadores, que no ejercieron cundo correspondía, la profesión por la que claman respeto. Vergüenza, vergüenza Nacional.

A pesar de los vaticinios irresponsables, que de aquí en más elucubren, tengan claro que los electores, los obreros, las amas de casa, los profesionales jóvenes, los estudiantes ya no les creemos, no los escuchamos, no les tememos, somos más inteligentes que lo que ustedes creen y así se los hicimos saber el domingo, ¡lean bien el mensaje¡.

Humor: Alvaburris, La consulta Popular y Jaime Nebot

Siempre se ha sostenido que los ecuatorianos tenemos gran sentido del humor, lo que desde cierto punto de vista es cierto. Sobre todo si consideramos, que hay que tener humor para aguantar tanto charlatán, tanto facineroso que abusa del más débil.
Menos mal tenemos el artilugio del humor para reírnos de los que ríen y comen a costillas de los demás. Para muestra un botón. (video: dimitrifranc)

Caballos de Histeria

La temperatura en el ambiente político ecuatoriano sube sin control desde la conformación de la denominada mayoría anticonstituyente, cuyos integrantes aparecieron en el escenario político como caballos de histeria que van pisando y destrozando todo a su paso, haciendo y deshaciendo sobre la marcha con poca vergüenza.

No tienen sino unos pocos días en sus curules y ya han dado muestras claras de su ignorancia, de su falta de ética, del poco respeto por la gente del Ecuador. Para darnos tal festín de ignominias han puesto en marcha una detestable maquinaria abusando de sus facultades “constitucionales”, para destituir de sus cargos a quienes osen sostener una opinión disonante, para llenar a toda marcha aquellos puestos claves desde donde desesperadamente van a dar feroz batalla contra los aires de cambio, para sin pudor alguno aumentar sus ingresos, para rechazar cualquier propuesta del ejecutivo insultando la inteligencia de los ecuatorianos.

Hoy los honorables se presentan como defensores de reformas urgentes a nuestra institucionalidad y dicen estar conscientes de la necesidad de levantar el candado constitucional. Sin embargo abusan de los recovecos, vicios y defectos de nuestro indescifrable sistema político para bloquear toda intención cierta de cambio.

Parecen no entender que la situación actual es en extremo delicada, que la institucionalidad y la viabilidad del estado ecuatoriano se mantiene en un equilibrio precario y amenaza ruina, que la gente del Ecuador en las últimas elecciones sancionó de diversas maneras las conductas inmorales que hoy sin pudor repiten y que no es el momento de odiosidades ni de actitudes infantiles, sino el momento de la unidad y el trabajo mancomunado.

Es preciso sin embargo señalar, que nuestro Presidente también ha puesto su cuota, su grano de arena a la hora de tirar la cuerda que tensiona el ambiente. Por momentos ha caído en el juego que le proponen sus adversarios, intentando hacerles la pelea, rebajándose a su nivel a través del planteamiento de salidas a la pugna que están en la misma senda y en sintonía con la actitud de nuestros honorables. Así ha propuesto la creación de tribunales Ad Hoc o anunciado a los cuatro vientos el empleo de la fuerza pública. Con sus arrebatadas declaraciones incentiva la beligerancia ciudadana cuando una de sus obligaciones principales es la de proteger y mantener el orden público.

Los cambios que requiere la institucionalidad nacional son profundos y exigen un análisis meditado, no sólo de los desafíos que tenemos por delante, sino de aquellos entuertos disfrazados de juridicidad consagrados en la Constitución actual y en la leyes, que han dado lugar a la ingobernabilidad, a la inseguridad jurídica, a la corrupción rampante y que ha permitido disparates como la sanción y destitución de las diputadas Bohórquez y Vargas, o la designación a dedo del Fiscal General de la Nación y su posterior destitución por los mismos grupos de poder que lo elevaron en su cargo.

La vía hacia la nueva institucionalidad debe asumirse con responsabilidad, con visión de estado, con criterios técnicos y no político partidistas, sin prepotencia, teniendo presente las singularidades de nuestro país, evitando la polarización y la confrontación innecesaria.

La necesidad es evidente y una sola, pero los mecanismos y vías para satisfacerla son múltiples; la asamblea constituyente es una de ellas pero no la única ni la más efectiva. Con esto no pretendo decir que la reforma deba necesariamente pasar por el Congreso Nacional cuyos actores principales han hecho gala de su inmadurez política y de su incapacidad moral y técnica para llevar adelante un proyecto de tanta trascendencia. Pero perseguir a cualquier costo la instauración de una asamblea constituyente puede tranformarse en un serio riesgo para la estabilidad del país, para el mismo Presidente, pero sobre todo para el pequeño y mediano empresario, para el trabajador, para la dueña de casa cuyas necesidades urgentes se están dejando de lado.

El mecanismo elegido, cualquiera sea este, debe ser consensuado por todos los sectores, acotado en el tiempo, en la forma, pero sobre todo en el número de personas y en los requisitos que estas deban reunir para que sean llamados a proponer al país el modelo institucional que habremos de adoptar. De otro modo volverán a aparecer otros caballos de histeria pisando y destrozando todo a su paso, cabalgados por otros jinetes o por espectros abominables de los mismos que hoy corren a toda prisa buscando mantener sus nichos de poder.
(caricuatura: Bonil, Diario el Universo)

El Padre Gatica

Finalizada la primera vuelta, se ha iniciado la campaña del terror, propuesta por una de las partes en esta contienda, una vez más con la complicidad de ciertos medios de comunicación tendenciosos.

A través de esta campaña pretenden hacernos creer que en el balotaje que se avecina los ecuatorianos tenemos que decidir entre el capitalismo y el comunismo, entre Dios y el diablo, disyuntiva paranoica destinada a polarizar, a infundir temor y que sólo existe en el imaginario de los brillantes asesores electorales del señor Noboa.

En primer lugar, Álvaro Noboa Pontón no es el paladín del libre mercado que dice ser, defensor de la libertad económica y de la apertura comercial. No lo es porque a la hora de defender la fuente de su poder político y económico, es decir el conglomerado empresarial heredado de su padre, ha recurrido a la depredación jurídica y económica de sus competidores, entre otros los pequeños y medianos productores bananeros.

La depredación jurídica y económica son conductas contrarias a la libre competencia, reconocidas y sancionadas en legislaciones modernas, propias de países en los que sí se puede hablar de real liberalidad económica, países en los que los monopolios y oligopolios no son deseables, pero que si de hecho existen requieren regulación estatal. De ello parece estar conciente el señor Noboa, de allí su intención de reducir el estado a su mínima expresión.

Si el señor Noboa entendiera de verdad los alcances del libre mercado y de la libre competencia, me temo que no defendería tanto la libertad que propone. Lo hace porque nunca ha competido en igualdad de condiciones, de hecho repudia dicha forma de competir, por eso es el único candidato que, vulnerando la ley, a vista y paciencia de las autoridades electorales, ha sobrepasado el gasto electoral permitido, obteniendo así una ventaja ilícita por sobre sus demás oponentes.

Si Noboa fuera el titán de la libre competencia que dice ser, pagaría a sus empleados sueldos dignos, e intentaría crear en sus empresas un ambiente laboral que incentive su productividad. Por el contrario, conocida en el mundo entero es la precariedad de las condiciones en las que emplea a su gente, abusando del trabajo infantil, vulnerando no sólo la legislación laboral vigente, sino principios mínimos de humanidad.

La liberalidad económica persigue que todos aquellos que quieran realizar una actividad económica lícita puedan hacerlo, pero con respeto a las leyes, al derecho ajeno y sin el empleo de conductas destinadas a destruir a la competencia mediante acciones ilegítimas o inmorales. No entender, no aplicar este principio, es simplemente no respetar la libertad económica y la libre competencia.

En segundo lugar, el señor Correa no es el comunista “come guaguas” que intentan pintar sus oponentes. El señor Correa propugna y defiende una economía social de mercado, es decir aquella en la que todos los actores de la economía intervienen en pie de igualdad, en la que el estado juega un rol subsidiario vigilante y en la que tienen relevancia no sólo consideraciones meramente económicas sino también sociales, culturales y ambientales.

Un sistema económico con reglas de juego claras para todos, reglas que favorezcan la competitividad y la inversión extranjera verdadera, es decir aquella que realmente inyecte capital fresco a nuestra economía y no los denominados capitales golondrina

Una economía generadora de empleo, no de cualquier tipo, sino de un trabajo digno, que realmente sea capaz de dar lugar al efecto multiplicador, es decir que incentive la demanda por bienes y servicios y con ello la producción. Empleos que permitan ahorro previsional, que asegure a nuestros trabajadores acceso a la salud y pensiones dignas al momento de jubilar.

Una economía que tienda a una mejor distribución de la riqueza, a través del empleo de una política tributaria eficiente, cuyo acento se ponga en frenar las diversas formas de evasión. La adecuada recaudación de tributos permitirá que el Estado pueda llegar no sólo a los más desfavorecidos mediante la construcción de hospitales y escuelas, sino también a los no tan desfavorecidos, a través de la construcción carreteras y puertos que permitan a nuestros pequeños, medianos y grandes productores poner sus productos al servicio del mercado interno y externo de manera más eficiente.

Es decir un modelo que genere las condiciones que favorezcan la reconstrucción de los distintos sectores de la economía y que nos permita, no ahora sino a futuro, negociar en mejores condiciones eventuales tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, o con bloques como la Unión Europea o la APEC. El tránsito de nuestro país hacia estos foros comerciales por cierto que debe tener lugar, pero para nuestra propia desgracia y por culpa de todos nosotros, no puede tener lugar en las condiciones en las que nos encontramos, con un aparato productivo que con escasas excepciones se encuentra destruido.

El supuesto comunismo del que hablan Noboa y sus asesores, con el que nos pretenden amedrentar y dividir es tan falso como la supuesta defensa del libre mercado con la que hinchan sus pechos y se llenan la boca. Esto me recuerda el caso del padre Gatica, el cura que predica pero no practica.

INSTITUCIONALIDAD FRACTURADA

En el último tramo de la campaña electoral la discusión acerca de la necesidad de modificaciones a la Constitución a través de una asamblea constituyente o de una consulta popular ha adquirido cierta resonancia en los medios. Ello porque quienes la plantean como oferta política son los dos candidatos que hasta las últimas encuestas aparecían con más opciones de entrar al palacio de Carondelet.

Lo anterior muy a pesar de ciertos grupos políticos tradicionales, los que en razón de su elevado espíritu democrático y su supuesto respeto a la Constitución, se han negado a admitir dicha posibilidad aduciendo razones de forma que, en la lógica estrictamente jurídica, parecen razonables.

La Constitución Política de un Estado es el conjunto superior de normas jurídicas que principalmente regula el ejercicio del poder político y la organización estatal en diversas instituciones, a través de las cuales dicho poder se ejerce para la satisfacción de necesidades públicas.

En cuanto norma fundamental la Constitución impone su supremacía en dos aspectos. Primero, en el hecho de que toda autoridad, toda institución, todo individuo, debe someter sus acciones a la Constitución. Segundo, en cuanto las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico deben estar subordinadas a la Constitución, y las reformas al texto constitucional sólo pueden tener lugar dentro de los marcos y en las formas que esta misma establece.

Hasta aquí, lo que la ortodoxia constitucional dispone. Pero, ¿qué ocurre cuando es manifiesto que ese orden constitucional, anunciado en su oportunidad con bombos y platillos, dispone formas de organización defectuosas, que han traído como consecuencia la decadencia de las instituciones políticas por ella establecidas y, por tanto su incapacidad para satisfacer las necesidades públicas para las que fueron establecidas?

¿Qué ocurre cuando además el mecanismo para la corrección de los defectos del orden constitucional requiere para ser aprobado del visto bueno de una de estas instituciones políticas ineficaces?

¿Debemos, a pretexto del principio de supremacía constitucional, mantener en pie un sistema político que comprobadamente ha generado ingobernabilidad, inestabilidad, corrupción, distorsión económica, inseguridad jurídica, pésima distribución de la riqueza, pero que por sobre todo ha sido semillero de ladrones?

Razones sobran para afirmar que tenemos una Constitución fracturada por los acontecimientos del último tiempo. Basta recordar que en estos años hemos presenciado un desfile de rostros por Carondelet y que, para poder prodigarnos ese magnánimo grupo de ilustres estadistas, nuestra irresponsable clase política quebrantó sin asco la institucionalidad que hoy algunos de ellos dicen defender en razón de su notable espíritu democrático y de formalismos que se sustentan en un constitucionalismo falaz.

La reforma constitucional aparece entonces como una tarea urgente y en la que deben comprometerse genuinamente todos los sectores sociales, dejando de lado cálculos electorales, vanidades personales y odiosidades, a fin de que la discusión y definición de un nuevo sistema político sea el corolario de una actividad concertada, elevada y patriótica.

Sólo así podrá tener lugar un cambio efectivo, quirúrgico y preciso, capaz de extirpar de nuestro sistema político los vicios que el actual texto constitucional ha consagrado y que se encuentran escondidos en artículos e incisos crípticos, ambiguos y que han dado suficiente espacio para que los políticos tradicionales perpetúen sus espacios de poder.

Asamblea constituyente, consulta popular, proyecto de modificación de la constitución, cualquiera sea el camino elegido para reformar el sistema político, este volverá a fracasar si la clase política del Ecuador no se depura, si no madura y entiende que el éxito o fracaso del próximo gobierno será el éxito o fracaso de todos los ecuatorianos.

LOS MEDIOS Y LAS ELECCIONES

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión y aquellos de difusión electrónica, han logrado masificarse a tal punto, que la información llega a todos los rincones del país y del mundo, y a una mayor cantidad de personas de manera casi instantánea.

Lo anterior hace que la práctica de las actividades vinculadas a los medios, en particular el periodismo, deba realizarse necesariamente de manera estricta, rigurosa y profesional, debido a la creciente influencia que por estos días tiene en la formación de la opinión pública.

No obstante, pareciera que el desarrollo de las tecnologías de difusión de la información, no ha sido correspondido con un mayor profesionalismo por parte de quienes ejercen la función periodística y sobre todo de quienes tienen el control de los medios de comunicación.

Esto se ha podido observar con claridad en el último tramo de la campaña electoral, en la que los medios informativos con pocas excepciones, han cubierto las actividades de los candidatos con displicencia, como si no importara. Tal es así, que un medio de difusión capitalino en su versión online, no hizo mención alguna respecto de la realización del debate presidencial y menos aún anunció que podía ser visto por quienes viven en el extranjero a través de las pantallas de CNN en español.

Asimismo, diversos medios de comunicación, particularmente una radio guayaquileña, también en su versión online, se ha dedicado sistemáticamente a tergiversar las declaraciones de los candidatos. En esto último, la mano ha caído con más peso sobre uno de los candidatos, tal vez porque lidera las encuestas y ello molesta a sus titulares, tributarios de intereses mezquinos.

Lo señalado llama la atención y preocupa, pues tales medios, tanto el diario capitalino como la radio guayaquileña, a través de sus formatos online, son los medios que gozan de mayor aceptación por parte de los miles de ecuatorianos que residen en el extranjero, razón por la cual informar acabadamente de todo cuanto tiene que ver con el proceso electoral es su responsabilidad social y moral, más aún, cuando por primera vez en nuestra historia republicana miles de compatriotas residentes en el exterior van participar con su voto y exigen información objetiva, veraz y oportuna.

Connotadísimos columnistas y colaboradores de distintos medios, se han rasgado las vestiduras al escribir sobre lo poco que han dicho los candidatos en sus campañas respecto de temas relevantes como el desempleo, la dolarización, las relaciones internacionales, entre otros. No pretendo afirmar que todos los candidatos hayan efectivamente realizado propuestas claras en relación a esos y otros temas. Pero incluir a todos los candidatos en ese saco, es una manifestación de desinformación por parte de quienes hacen tal afirmación, lo que da cuenta de una escasa acuciosidad investigativa, propia de un mal profesional del periodismo, o bien esconde tras de sí un intento velado de desinformar a la opinión pública, lo que ya no sólo es profesionalmente reprochable, sino que éticamente inaceptable. Ni hablar entonces de las ocasiones en que se han sacado de contexto las declaraciones de alguno de los candidatos, pretendiendo burdamente confundir a la opinión pública.

No sólo los políticos deben estar bajo el escrutinio público, sino también, aquellos que desde sus trincheras y tribunas periodísticas escriben e informan irresponsablemente respecto de lo que hacen, dicen, dejan de hacer o decir los candidatos presidenciales.

En tiempos en los que el acceso a canales informativos se ha masificado, el ejercicio de la actividad periodística debe ser rigurosa, objetiva, profesional, pero sobre todo independiente de los poderes fácticos que desde las sombras han desolado al país y defraudado a su gente.